Desde hace unos meses, llevamos detectando muchas situaciones extremas, en personas primero perceptoras de Salario Social y ahora en proceso de incorporarse al IMV; situaciones generadas principalmente por el caos de las administraciones en la gestión de estas ayudas y por la incapacidad de atender y resolver las situaciones en tiempo y forma. Gestión que ha ido a peor a raíz de la pandemia, tras implantar la atención temática y no tener una atención presencial para resolver las dudas y realizar las gestiones oportunas.
Ante la situación de abandono en la que se encuentran las personas en una situación de mayor precariedad económica y vulnerabilidad social en su trato con la Consejería de Derechos y Bienestar Social, desde el colectivo de lucha contra la exclusión a ALAMBIQUE iniciamos una serie de acciones con las que vamos a denunciar:
- La situación de indefensión en la que se encuentra cientos de personas (en el último dato de la consejería más de 800 unidades económicas de convivencia) a las que desde hace meses e incluso años no se les actualiza sus cuantías del Salario social, ni se les contesta a las alegaciones y recursos que plantean.
- Los requerimientos de la Consejería, en cartas inexplicables donde se piden pagos por cobros indebidos de hace años (hemos visto peticiones del año 2013), sumas y restas que no cuadran en los requerimientos. Procediendo como si fuese “el cobrador del frac”.
- La imposibilidad de tener una atención presencial, solicitudes telemáticas, plazos de procedimiento administrativo que no tienen en cuenta la situación sanitaria ni cómo funcionan ahora las administraciones.
- La burocracia que se convierte en una carrera de obstáculos, donde cada nueva traba es un golpe que provoca ansiedad y miedo. Una burocracia que maltrata a las personas en situaciones más vulnerables.
- A la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, que promueve o mantiene un procedimiento que no da solución y complica aún más a las personas que intentan acceder a las ayudas y recursos sociales. Priorizando solamente los intereses económicos de la consejería y dejando de lado la puesta en marcha de política sociales justas y re-distributivas.
Y proponemos:
- La actualización en el plazo máximo de un mes de todos los expedientes pendientes de actualización del Salario Social.
- La contestación en el plazo de un mes de todos los recursos y alegaciones presentados por los beneficiarios del derecho al salario social.
- La condenación de las deudas por cobros indebidos a las personas en situación de vulnerabilidad social.
- La puesta en marcha de las solicitudes y contestaciones en procedimiento de lectura fácil para que todas las personas puedan ejercer sus derechos respecto a la administración.
- La puesta en marcha de la Renta Básica de las iguales como derecho para todas las personas comenzando por las que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO.
