LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, articulo de Vicenç Navarro
El
New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio
Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de
España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones
financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados
Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es
propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo
estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del
Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su
enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto
último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha
citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario
más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.
Una
discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de
Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde
la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de
tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a
las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de
tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco,
decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero
en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre
ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y
su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial
(entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el
Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís
Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga;
Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi
Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir;
Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo
Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica
es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran
banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia
Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos
grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español
(incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por
cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de
España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es
decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar
(sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con
dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y
que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las
causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado
por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su
influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la
gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia
Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo
fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria
del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también
conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr.
Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El
caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del
Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales
investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New
York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que
estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York
Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando
el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el
momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que
juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como
su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente
del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de
franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal
tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos
se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las
consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de
la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida
de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial
que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin
embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora
la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en
España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades
sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor.
Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper
ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de
gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero
otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la
banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal
fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de
temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que
señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander
gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los
sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo
comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo
créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme
importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una
situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al
diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que
publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación
en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".
